SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General mantienen reunión con representantes del programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea
Representantes del programa Global Facility ALA/CFT de la Unión Europea, en el marco de la misión de la asistencia técnica a ser brindada al Paraguay, para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y persecución del delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mantuvieron este jueves una serie de reuniones con las autoridades de orden público del país a fin de establecer las bases de la cooperación técnica, implementando las acciones prioritarias claves identificados en el Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay aprobado en el año 2022 por el pleno de representantes del GAFILAT, que refleja las necesidades de nuestro país en la materia.
En ese sentido, la primera visita fue llevada a cabo en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, acompañaron a la comitiva europea, encabezada por el embajador de la Unión Europea en Paraguay, Javier García de Viedma; David Hotte, Team leader; Liam Ennis, Key Expert on Law Enforcement y Victoria Palau, Senior Expert on Justice.
Posteriormente, se reunieron en la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta primera, Carolina Llanes y los ministros Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón.
Esta tarde, se dará inicio al trabajo específico, con representantes técnicos de las agencias del orden público encargadas de la investigación de delitos: SENAD, SENAC, Policía Nacional, Aduanas y SEPRINTE, que profundizarán sobre los desafíos del país en la materia, con la comitiva europea, siguiendo la línea de los resultados emitidos por el GAFILAT.
Finalmente, mañana viernes, va a proseguir la actividad con jueces y fiscales especializados para realizar una presentación de los principales hallazgos de la Evaluación y los mecanismos a ser implementados para realizar mejoras estructurales necesarias a los sistemas de investigación, procesamiento y condena de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
