Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un documento de mejores prácticas, que tiene como objetivo proporcionar soluciones sugeridas, respaldadas por casos y ejemplos de las delegaciones de la Red Global del organismo intergubernamental, en respuesta a los desafíos que enfrentan los países en la implementación de la Recomendación 24 del GAFI sobre transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas; como la experiencia de uso de un enfoque múltiple en las Evaluaciones Mutuas demostrando que la variedad y disponibilidad de fuentes aumenta la transparencia y el acceso a la información, y ayuda a mitigar los problemas de precisión con fuentes particulares.
El informe destaca que las jurisdicciones que utilizan un enfoque múltiple con varias fuentes de información a menudo son más efectivas para prevenir el uso indebido de personas jurídicas con fines delictivos.
Además presenta sugerencias para garantizar que las autoridades puedan acceder a obtener información sobre beneficiarios reales de entidades extranjeras.
Los casos expuestos en el documento de mejores prácticas deben considerarse en el contexto de su sistema nacional, como también considerarse que algunos casos son proporcionados por países que aún no se han sometido a una evaluación mutua, pero se incluyen según su relevancia.
La transparencia de los beneficiarios finales es esencial para evitar el uso indebido de empresas, asociaciones u otras entidades para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. El GAFI es el creador de estándares globales para las medidas de lucha contra los flagelos referidos. Desde 2003, las Recomendaciones del GAFI requieren que los países se aseguren de que las autoridades puedan obtener información actualizada y precisa sobre la(s) persona(s) detrás de las empresas, fundaciones y otras personas jurídicas.
En Paraguay se realizó una modificación de la ley 1015/97 que establece el deber de identificar al beneficiario final, y, también, se promulgó la ley de registro de personas jurídicas y beneficiarios finales, como parte de un paquete de 10 leyes, que fue elaborada originalmente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y enriquecida con los aportes de otras instituciones estatales.
También, se está realizando un estudio de análisis sectorial de riesgo LA/FT (Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo) de personas y estructuras jurídicas.
Puede acceder al documento ingresando a: bit.ly/30wJsWR
