Mapa de riesgo, herramienta clave de intervención frente a la corrupción
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue avanzando con la realización del contenido del mapa de riesgo de corrupción, con la colaboración de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).
En esta ocasión, el equipo técnico identificó la probabilidad y el impacto del riesgo de corrupción, elaboró la matriz de riesgos de corrupción con sus tres componentes: identificación del riesgo, valoración del riesgo de corrupción y monitoreo y revisión.
Posteriormente, se deberá plasmar en un documento, la descripción del proceso de mapeo de riesgos de corrupción, los principales hallazgos y las recomendaciones de acciones a implementar.
Participaron de la reunión, el jefe del Departamento de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria; la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda; la directora de Normas, Hilda Riera y el analista Rodrigo Giménez, así como también los consultores Rubén Narváez y Alberto Ocampos del Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Cabe destacar que los riesgos son analizados para obtener un “valor inherente” y evaluados para obtener un “valor residual”.
Los mapas de riesgos de corrupción son matrices que se construyen en un proceso grupal y que tienen por objeto detectar, en relación a los riesgos de corrupción en una institución, sus causas, sus consecuencias, sus niveles de probabilidad y sus impactos estimados. A la vez, se verifican cuáles son los controles existentes para evitar y/o moderar su ocurrencia. Es el instrumento más importante en el marco de lo que se denomina “gestión de riesgos de corrupción”. Su principal propósito es prevenir la ocurrencia de hechos asociados a conductas calificables como corruptas.
La SENAC en el marco de las políticas de prevención, es la institución encargada de acompañar a la SEPRELAD y a los demás entes públicos, en la implementación de la metodología de abordaje con enfoque de riesgo para el combate a la corrupción.
